La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso que el proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbana “dará la vuelta” a unas políticas de vivienda “no acertadas” que se han implementado en España durante décadas.

Objetivos de la reforma

Por ello, la ministra ha expresado su convencimiento de que esta nueva normativa “conseguirá avances” tanto en la mejora de los edificios como en el confort de las viviendas, a la par que se reduce la factura energética de las familias y del país, y se favorece la accesibilidad. “Estoy hablando de las cosas de comer, de las condiciones de habitabilidad de tantas familias”, ha añadido.

 

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Además, la titular de Fomento ha subrayado el potencial como motor de la creación de empleo de este sector, recordando que por cada millón de euros invertido se generan 18 puestos de trabajo directos, y que el Plan Estatal de Viviendas prevé la creación de 32.000 empleos con las ayudas directas y de 105.000 más por la inversión productiva total.

De esta manera, España podrá reducir la brecha en materia de rehabilitación que mantiene con la UE, para lo cual es imprescindible eliminar las “trabas y cargas injustificadas” que provoca una normativa “dispersa, inconexa, contradictoria, incompleta y difícilmente comprensible” que, además, “no contiene fórmulas de financiación innovadoras”.

Aspectos más importantes de la ley

En materia de conservación, Pastor ha destacado que se regulan los deberes de conservación de forma similar para todo el territorio nacional, facilitando que se aprovechen las obras de rehabilitación para acometer también mejoras de eficiencia energética de forma que se ahorren costes. “Si la eficiencia de todo el edificio supera el 30% se permitirá cerrar terrazas y balcones de forma uniforme y conjunta, ganando edificabilidad interior y estética exterior. Es puro sentido común”, ha añadido.

Para que estas medidas sean “efectivas” se prevén “incentivos económicos y subvenciones directas” de hasta 4.000 euros por vivienda o 100 metros cuadrados de local, y se autoriza a las comunidades de propietarios a tramitar las ayudas de forma conjunto para simplificar el proceso.

En materia de accesibilidad, se intentan solventar los defectos de la actual Ley del Suelo ya que, pese a que obliga a instalar ascensores si lo solicita un vecino mayor de 70 años o un discapacitado, 10,7 millones de edificios de cuatro o más pisos aún no cuentan con este servicio. Para impulsar la medida se define qué son ‘cargas razonables’ en base a una “adecuada ponderación coste-beneficios” para que no supongan un coste “desproporcionado”, y se permite la cesión gratuita del suelo municipal para dar espacio a esta instalación. También se incluyen ayudas de hasta 4.000 euros por vivienda.

Finalmente, en relación con la mejora de la eficiencia energética, se deja de considerar que el cierre de terrazas supone un aumento de edificabilidad para que no sea necesario modificar los planes de ordenación urbana, y también se permite ocupar superficies de dominio público para obras de aislamiento térmico, instalación de captadores solares o centralización de instalaciones energéticas.

Además, se incluye ayudas de 2.000 euros vivienda o de hasta 5.000 euros si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio. “Si el consumo energético baja, la ayuda sube. Así, la repercusión de la inversión es prácticamente gratuita ya que el coste se compensa con el ahorro en la factura energética”, ha asegurado la ministra.

Finalmente, el proyecto de ley prevé la implantación del Informe de Eficiencia Energética, que sumará la actual Inspección Técnica de Edificios con el Certificado Energético, necesario para poder alquilar o vender pisos. “En una sola inspección se aportará toda la información”, ha destacado Pastor, recordando que el plazo para cumplir esta obligación se extenderá hasta 2019 para los edificios de más de 50 años, mientras que el resto contará con cinco años para obtener el informe desde que superen el medio siglo.

Amplia participación

De esta manera, “cuando alguien pida una ayuda para conservación serán 2.000 euros, pero si es para conservación y eficiencia energética podrán llegar a 8.000 euros; y si es para conservación, eficiencia y accesibilidad las ayudas podrán llegar hasta los 13.000 euros. Son cuantías importantes, dinero que se invierte de forma eficiente porque tiene retornos”, ha destacado la ministra.

Además, ha asegurado que en la redacción de este proyecto de ley se ha contado con una “amplia participación” de colectivos afectados y comunidades autónomas, y espera que durante la tramitación parlamentaria también sea posible llegar a acuerdos con los partidos de la oposición.

Finalmente, ha pedido la colaboración y cooperación de todas las administraciones públicas y grupos políticos para afrontar los “desafíos” en materia de vivienda, reclamando ideas y esfuerzo presupuestario. “Todo para hacer posible que ese acceso a esa vivienda que no es digna lo sea y para hacer posible que la rehabilitación y regeneración urbana sean la seña de identidad de la política de vivienda en España, como lo está siendo en otros países de la UE”, ha zanjado.

Noticia emitida por el portal www.elmundo.es

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/09/suvivienda/1368112656.html

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